ComentarIUS

En Concurring Opinions reclaman que las grabaciones de los argumentos orales presentados ante la Suprema Corte de los Estados Unidos sean puestos a disposición del público inmediatamente y en todos los casos.

Leo eso y no puedo dejar de pensar: ¿Se imaginan algo remotamente parecido en nuestro país? La Corte Suprema es uno de los órganos del Gobierno Federal más importantes y trascendentes y es --a la vez- uno de los más oscuros y misteriosos para el común de los ciudadanos.

Recuerdo cuando la Corte realizó una audiencia pública por el caso del tercer senador por el Chaco en 1998, si la memoria no me falla. Con qué pasión vi como diferentes abogados planteaban su argumentos ante los jueces del Tribunal, dos de los cuales quedaban sentados afuera del estrado de la historica Cámara Federal de Apelaciones dónde se juzgó a las juntas militares.

Ojalá algún iluminado miembor del Tribunal decida cambiar sus mecanismos de funcionamiento interno y elijan realizar audiencias públicas al menos en los casos institucionalmente más trascendentes.

Sería una buena forma de educar a los ciudadanos sobre el rol de la Corte en la vida democrática de la Argentina.

Yo, por mi parte, ya estoy bajando los argumentos orales del caso Virginia v. Black (2003) que trataba sobre una ley de ese Estado que prohibía la quema de cruces como una forma de intimidación.

Mañana lo cargo en el iPod y lo escucho en la línea B del subterráneo.

Promete ser una experiencia surrealista y trepidante.

La ONG que defiende la privacidad en la era de la información, EPIC, ha realizado un pedido de información a la administración Bush bajo la Ley Libertad de la Información (FOIA) sobre el programa de espionaje doméstico implementado por ese gobierno luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001. El juez, al resolver, dijo:

"El presidente Bush ha invitado a un significativo debare sobre el programa de vigilancia. Eso sólo puede ocurrir si el Departamento de Justicia procesa sus requerimientos de información en un tiempo razonable y brindan la información buscada."

Nosotros necesitamos una ley estilo FOIA urgente.

La jueza en lo contencioso administrativo federal Clara Do Pico declaro ayer la inconstitucionalidad de la ley secreta Nº 18.306 que serviría como instrumento para pagar sobresueldos a funcionarios del estado con fondos reservados. La decisión fue tomada en el marco de un amparo presentado por el abogado Ricardo Monner Sans en su carácter de “abogado y ciudadano”. El letrado dijo a La Nación: “¿Como voy a defender a mis clientes si no conozco las normas?” Asimismo, sostuvo en su presentación judicial que las leyes secretas constituyen “el paroxismo de lo antirrepublicano". (Leer Más… un Análisis del Fallo y un Juicio Crítico).

Varios proyectos fueron presentados por partidos de centro y por el ARI para derogar las leyes secretas vigentes y de ese modo controlar los gastos reservados que dispone el gobierno y con los cuales se habrían pagado sobresueldos a los funcionarios durante la administración Menem. En un artículo del diario La Nación, se cita a al diputado demócrata por Mendoza Gabriel Llano el cual dijo:"En una República todo debe ser público y nada secreto. La existencia de estas normas contraviene la forma republicana de gobierno y nos acerca a oscuras épocas de monarquías absolutas". - Fin -