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"Apuesto a que no es David Souter -- que rápidamente se alineará con Scalia-Thomas, incluso si carece de la erudición de derecha de Antonin Scalia's el el complejo de persecución de Clarence Thomas. Serán como un Mod Squad de adultos, un trio de vengadores groovy peleando por la verdad, la justicia y el American Way de 1805".

Este foro, que tanto influyó en el decreto 220/03 de 'autolimitación' de la función presidencial a la hora de elegir a los nominados para el Alto Tribunal, está de nuevo en el 'baile': busca que el número 'mágico' en tribunales sea siete en lugar de nueve. De ese modo, se atenderán los reclamos de algunos jueces quienes creen que se trabajaría mejor con menos jueces en la Corte.

En caso de no seguirse su recomendación, piden estas ONG's que se respete un equilibrio 'de género'. Y que en caso de elegirse a abogados de la actividad privada...

"...se deberían publicar el nombre de sus clientes, las causas en las que actuaron y las entidades donde se desempeñaron, para evaluar la existencia de conflictos de intereses."

No estoy absolutamente de acuerdo con esta última petición.

Es cierto que la publicidad y la amplia revisión de los antecedentes de todos aquellos que ocuparán una alta función de servicio en el Estado son requisitos imperativos que exige el sistema republicano de gobierno. A este principio general no escapan los jueces, mucho menos aquellos destinados a ocupar la más alta magistratura.

Pero la exposición de los antecedentes con el objeto de detectar "conflictos de intereses" parte del común y extendido error de considerar que los abogados se identifican con sus clientes. Es una concepición que denigra a la actividad del abogado y lo ubica implícitamente como 'cómplice' de aquellos a quienes representa.

Recordemos sólo un fallo para ejemplificar el tema: en Brandenburg vs. Ohio, fue la ACLU quien defendió el derecho a la libertad de expresión de los miembros del KKK.

Alguien poco entendido en la materia podría entender que esta organización defiende los intereses del KKK, cuando en realidad es considerada una de las organizaciones más "liberales" de los Estados Unidos, opuesta al racismo del clan pero comprometida con la defensa de la libertad de expresión.

Y si alguien es "poco entendido" respecto a algún asunto, ese alguien es sin dudas la opinión pública referida a cuestiones jurídicas y -me atrevería a decirlo- respecto a la profesión de abogado en general.

Es normal que todos los jueces sean acusados de corruptos, que las demoras sean atribuidas a turbias maniobras, yque el abogado defensor sea considerado de la misma calaña que el asesino que defiende.

Si bien muchas veces la opinión pública acierta en su apresurado juicio, también es cierto que hay aparentes excepciones que en realidad son principio: la mayoría de los jueces son probos, las demoras son sitémicas y los abogados defienden a ciertos personajes porque, como todos, deben poner un plato de comida en la mesa de su familia todos los días.

En un proceso con mucha publicidad como el de las audiencias previstas en el decreto 220/03, los datos de los clientes de los nominados podrán ser utilizados hábilmente por aquellos que se opongan a la designación de una determinada persona.

De modo que habrá que atenerse a la forma en que los datos son usados y evitar que los mismos sean objeto de viles manipulaciones. La mera lista de clientes no podrá revelar sin más un coflicto de intereses.

Teniendo en cuenta el loable principio de publicidad señalado, solo queda esperar muestras de prudencia republicana a la hora de evaluar la lista de clientes de los posibles candidatos. Tratándose del Congreso de la Nación, un exigencia así parece demasiado, incluso para los pronósticos más optimistas.

En su habitual columna de los domingos en Clarín, Eduardo Van Der Kooy da algunas apreciaciones interesante sobre la destitución del juez de la Corte Suprema Antonio Boggiano y las circunstancias en que ésta se produjo.

Los párrafos más sobresalientes de Van Der Kooy son los siguientes:

“La Corte está intranquila. Esa intranquilidad envuelve también a los nuevos integrantes que designó este Gobierno. Nadie cuestiona el juicio a Boggiano pero sí su desarrollo y sus fundamentos. Quizás uno de los más alarmados sea Zaffaroni: la inhabilitación de por vida que el Senado disparó sobre el ex juez para ocupar cualquier cargo público desafiaría su jurisprudencia.”

(…)

“La sed de venganza pudo, a lo mejor, traicionarlos. Cuestionaron, por ejemplo, el cambio de voto de Boggiano en aquel episodio y lo calificaron de actitud sospechosa y contradictoria. "Se metieron en los borradores", dijo uno de los nuevos jueces, que explicó que es una práctica habitual modificar las posturas cuando se realizan los acuerdos.”

”En la Corte no se trabaja como en los bloques de Diputados y del Senado. Aquí se discute, a veces se convence uno al otro. Y el voto que vale es el del último día, cuando se firma el fallo’, ilustró.”

”Otro cargo endilgado al ex juez fue el de apartarse de sus precedentes judiciales. Escuchemos aquella misma voz: ‘Ningún juez de una Corte en el mundo vive ajustado a idénticos precedentes porque ni la historia ni el derecho son una materia en estado de congelamiento’.”

“Tercera objeción. Se culpó a Boggiano de abdicar su responsabilidad de ejercer el control constitucional. El ex juez prefirió no expedirse sobre el fondo de la cuestión en el caso Meller amparado en el Código de Procedimiento Civil a que se atiene la Corte. Esa prescindencia fue interpretada por el Senado como la convalidación indirecta de un delito. ‘¿Qué pasará en el futuro cuando decidamos no abocarnos a algún tema’, se interrogaban varios cortesanos. Podría haber un conflicto en ciernes”.

Esto último lo señalamos cuando mencionábamos el “certiorari argentino”, la disposición del art. 280 del Código Procesal que autoriza a los jueces a desestimar los recursos extraordinarios sin más trámite que la mención de esa norma.

Esta reforma recibe el curioso nombre mencionado porque pretendió dar la los jueces la misma discrecionalidad que tienen sus pares de Estados Unidos y que les permite decidir un promedio de 80 juicios por año cuando reciben miles de peticiones de revisión.

Con el antecedente de este juicio político, en donde el Congreso se convirtió en órgano revisor de la facultad ‘discrecional’ de la Corte… ¿Cómo funcionará en el futuro este artículo importado que nació con la intención de morigerar el trabajo de una Corte sobrecargada de expedientes?