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Bueno, mi tesis para la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés está en su etapa final. Estoy revisando los diferentes capítulos que la componen con el objeto de 'cortar' pero me van quedando más largos. Habrá que ver cómo editamos cuando llegue la fecha de entrega, ya que estamos cerca de 70 páginas por encima del límite permitido.

Uno de los capítulos trata sobre interpretación constitucional, porque considero que es un aspecto importante de la lectura que hago de la Constitución y que propongo en la tesis. No es una lectura muy original, lo que no implica que no deba ser fundada teóricamente.

Y me complica bastante la vida que Jack Balkin y David Strauss sigan discutiendo sobre originalismo, texto y principio a través del blog de los profesores de la Univesidad de Chicago. Es decir, es muy útil la discusión y valoro la proximidad en el tiempo y la cuasi inmediatez de las respuestas.

Pero tengo que pasar de capítulo (jeje).

En fin, todo esto era para direccionar al público a esa discusión. Que está muy interesante.

En el famoso caso Branzburg v. Hayes (1972), la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó el pedido realizado por tres periodistas tendiente a que el tribunal reconozca un derecho constitucional a mantener en reserva las fuentes de información.

De modo que desde entonces, los periodistas que son citados a declarar en el marco de una investigación judicial federal deben hacerlo, y no pueden negarse a contestar sobre la identidad de sus fuentes de información. De hacerlo, corren el riesgo de ir a prisión por incurrir en contempt of court. Si no, pregúntenle a Judith Miller.

En la disidencia de ese fallo, el juez Potter Stewart señaló que lo que estaba haciendo la Corte era "anexar a la prensa como una rama investigativa del Gobierno", lo que tenía por obvio efecto coartar la libertad de expresión al inhibir a fuentes y periodistas por igual.

Algo parecido dijo el fotógrafo catalán Jordi Robot, probablemente sin tener la más mínima idea de quién cuernos era el juez Stewart. El fotoreportero freelance que tomó las instantáneas de un grupo de jovenes independentistas catalanes quemando la foto del Rey Juan Carlos I dijo que él no va hacer "el trabajo de la policía", y rechazó la citación del juez para que presente el material fotográfico obtenido durante la manifestación.

La citación judicial se ha producido después de que el fotógrafo se negó a entregar a los Mossos d'Esquadra (policía catalana) el material gráfico que obtuvo en la manifestación.

Girona v. Johnson
El caso recuerda el famoso precedente de Texas v. Johnson (1989) en el que la Suprema Corte de los Estados Unidos consideró que la quema de una bandera norteamericana era "conducta expresiva" y como tal estaba protegida por la garantía de libertad de expresión contenida en la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

En el caso de Catalunya, la quema de fotografías en la que aparecían los Reyes podría ser constitutivo de "un delito de injurias graves a la más alta representación del Estado" castigado con penas de entre seis meses y dos años de cárcel. En el caso de Texas, se detuvo al manifestante porque una ley estadual prohibía la quema de la bandera norteamericana.

El Colegio de Periodistas de Catalunya señaló que este requerimiento "coercitivo" al periodista vulnera el secreto profesional, necesario para preservar el derecho fundamental a la libertad de información, que "no se puede entender sin la capacidad de acceso a la fuente, preservando su identidad". Ese derecho está garantizado por el artículo 20 de la Constitución española.

Los periodistas que cubren este tipo de manifestaciones no deberían ser utilizados para las investigaciones judiciales que derivan de esos delitos. Ni en España ni en ningún lado. Si no, pregúntenle a Josh Wolf, un blogger que filmó una protesta anarquista en EEUU y que paso 226 días preso por negarse a entregar el material crudo de su filmación.

Los periodistas no son parte de los órganos de investigación del Estado. Su rol es otro, tanto o más importante que el del FBI, los Mossos d'Esquadra y la mar en coche.

Ahora bien, ¿debería estar este tipo de conductas expresivas y un tanto violentas amparadas por la libertad de expresión? Sin dudas, si. Pocas cosas dicen algo tan políticamente relevante como ¡abajo la monarquía! que quemar una gran foto del rey y su esposa. Mal que mal, estos son funcionarios públicos y están sometidos a la crítica audaz y corrosiva en un grado mayor que los ciudadanos de a pie. Ver al respecto New York Times v. Sullivan (1964).

El blogger preso que se niega a entregar a las autoridades de EEUU las cintas originales de una filmación suya de una marcha anti globalización, seguirá preso. Posiblemente, hasta que el jurado que le reclamó la entrega de las filmaciones termine su trabajo.

Joshua Wolf grabó y difundió un video de esa protesta, que incluyó enfrentamientos entre jovenes anarquistas y la policía.

Cuando las autoridades le reclamaron la entrega de las cintas originales, para usar en las causas penales por los hechos vandálicos, el blogger se negó.

Alegó que la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos le garantiza el derecho del secreto de las fuentes de información, aunque la Corte en 1972 dijo lo contrario en el caso Branzburg v. Hayes.

La periodista del New York Times presa por no querer revelar sus fuentes de información desde julio pasado, fue liberada ayer jueves. Ella y sus abogados llegaron a un acuerdo con el fiscal del caso en virtud del cual testificará ante el gran jurado que investiga el caso que originó todo, el de Valery Plame.

Todo se desató cuando Robert Novak, un polémico columnista conservador reveló en una columna de opinión que Plame, esposa de un importante diplomático enfrentado a la administración Bush, era agente secreta de la CIA. Esta conducta importa un delito federal, ya que la identidad de Plame se debe mantener en reserva.

Miller nunca escribió un artículo sobre el caso pero si investigó, y su negativa a revelar sus fuentes de información la llevó a la carcel.

Su liberación se debió a que recibió el permiso de una de sus fuentes para revelar su identidad. Esta fuente es -según el Times- I. Lewis Libby, el jefe del staff del Vice Presidente Dick Cheney.

El dueño del Times, Arthur Ochs Sulzberger Jr., apoyó la decisión de la periodista, del mismo modo que había apoyado su negativa a declarar. "Estamos muy felices de que haya recibido un permiso directo y no coactivo, tanto por teléfono como por escrito, lo que la liberó de su deber de confidencialidad y le permite testificar".

Antecedentes

En 2003, el marido de Plame Joseph Wilson - quien estuvo en Nigeria investigando una posible venta de uranio a Iraq - criticó el discurso del estado de la unión dado por el presidente George Bush en donde éste acusó a Iraq de querer comprar uranio en África. Se cree que la filtración del nombre de sus esposa como agente secreta fyue una venganza en su contra.

Más aquí.

Una posición legal crítica de Miller

Comentamos esta postura anteriormente. En resúmen, sostiene que debería existir una ley que proteja a los periodistas de la obligación de revelar sus fuentes, pero esa ley no se debería aplicar cuando "la filtración en sí sea un crímen y cuando el periodista sea utilizado como medio para cometer ese crimen".

Ver The Washington Monthly.

Ver Jurist.

Robert Novak, columnista conservador de la CNN y conocido por haber sido el responsable de la divulgación de la identidad de Valerie Plame como agente de la CIA, fue suspendido por al cadena de Ted Turner debido a que, en una transmisión en vivo, dijo la palabra "bullshit" y luego abandonó la transmisión.

En medio de una discusión con otro panelista, Novak reaccionó enojado y dijo:

"Well, I think that's bull---- and I hate that," Novak replied. "Just let it go."

Bainbridge -profesor de derecho corporativo en la UCLA- defendió la decisión del NYT de no publicar la palabra en cuestión. Pero NYT sí recibió la crítica de Ann Althouse por considerar que la posición era hipócrita, ya que la palabra "bullshit" es bastante "mainstream", no como otras que son má groseras.

Ver informe Findlaw.

Otro caso más se suma a la ya nutrida lista de periodistas de Estados Unidos que son considerados en "desacato" de los Tribunales por negarse a revelar la identidad de sus fuentes de información. En este caso, dos periodistas del Los Angeles Times, uno de Associated Press y uno de la CNN fueron considerados en desacato por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia y podrían ir a prisión.

La historia que dió orígen al proceso judicial se refirió a al científico nuclear Wen Ho Lee, quien fue acusado de filtrar secretos nucleares a China. Lee se declaró culpable de uno de los cargos (descargar de una computadora información clasificada sin autorización) y así llegó a un acuerdo con el gobierno por el cual fue liberado. Lee inició acciones legales porque algunas agencias de los EE.UU habrían dado información personal a los medios de comunicación, pero se topó con la negativa de los periodistas a revelar sus fuentes.

La resolución de la Corte de Apelaciones se dió a conocer hace unos días.

Leyes de protección.

La falta de una ley federal que proteja a los periodistas de la obligación de revelar sus fuentes -y de ser considerados en deacato e ir a prisión en caso de negarse- ha generado diversos debates en los Estados Unidos.

Y un proyecto de ley está circulando por comisiones en el Congreso de los Estados Unidos. De hecho, hubo ayer una audiencia de comisión en la que intervino Matt Cooper junto a varios periodistas y abogados expertos en medios de comunicación.

Pero el Departamento de Justicia de la administración Bush presentó un escrito ante ese comité en el que criticó al proyecto de ley federal de protección y estimó que el mismo es una "mala política pública".

Balkanization es un blog dedicado al derecho dirigido por Jack M. Blakin, profesor de Derecho Constiucional de la universidad de Yale y director del The Information Society Project.

En un post de hoy, Daniel Slove discute el caso de los periodistas del New York Times y de la revista TIME que fueron acusados de no colaborar con un gran jurado revelando sus fuentes de información, como informamos el 28 de Junio.

Parte de una afirmación de Geoffry Stone: debería existir una ley que proteja a los periodistas de la obligación de revelar sus fuentes, pero esa ley no se debería aplicar cuando "la filtración en sí sea un crímen y cuando el periodista sea utilizado como medio para cometer ese crimen". En el caso de Miller-Cooper, la ley no se aplicaría, ya que la filtración de la identidad de una agente secreta de la CIA es un delito, y el periodista sería el medio por el cual se cumple ese delito.

Pero Slove critica la posición y afirma:

"La prueba debe ser si la revelación está relaizada en interés público.
Aplicando la teoría del acto cirminal deja al gobierno demasiado poder para
callar a los posibles informantes. Después de todo, el gobierno puede
criminalizar cualquier filtración o aumentar las penalideades y castigar a los
informantes forzando a los periodistas a revelar sus identidades. La mejor
aproximación es , en mi opinión, una prueba que evalúe el interés público de la
cuestión, no atada la prueba a si la filtración es o no un crimen".

Es claro que la criminalidad del acto no puede jugar un rol decisivo, ya que, como afirma Slove, es el gobierno el encargado de decir qué constituye delito, y podría considerar que todo lo relacionado con el manejo interno de un órgano del estado es un bien jurídico que merece protección. Es por eso que el respeto del secreto de las fuentes debería centrarse primordialmente en aquellos casos en los que la información develada responda a un interés público que hace que sea más importante el conocimiento sobre el hecho que su castigo penal.

Este standard no sería cumplido en el caso, donde difícilmente pueda encontrarse un interés público en la divulgación de la identidad de un agente secreto de la CIA.

La revista TIME decidió entregar las notas de su periodista Matt Cooper a la justicia. La decisión fue criticada por el editor del New York Times, quien manifestó estar desilusionado y recordó que en 1978 un periodista del diario estuvo 40 días preso por una disputa similar.

Por su parte, Norman Pearlstine, editor de la revista -y que también es abogado- consideró en un comunicado: "La misma Constiución que protege la libertad de presna requiere obediencia a las decisiones finales de los tribunales".

El comunicado sostiene que la Primera Enmienda protege el derecho de ecabar información y eso contiene necesariamente el derecho de resguardar las fuentes de información. Afirma que la decisión de la Corte Suprema de no revisar el caso "ha limitado la libertad en modos que tendrán escalofriantes efectos en nuestro trabajo y que podrían dañar el libre flujo de información que es necesario en una sociedad democrática".

Cabe decir que Pearlstine tomó la decisión él solo. Sostuvo que "si los presidentes no están por encima de la ley, como pueden los periodistas estarlo". Se refirió así a la vez que el presidente Nixon fue obilgado a entregar grabaciones de uss conversaciones con miembros de sus staff durante el escándalo Watergate.

El CJR Daily ciriticó la posición del editor de TIME y sostuvo que en la triple batalla entre el periodista, el abogado, y el ejecutiovo coorporativo, ganó el abogado. Allí se afirma que la sitación de un periodista no puede equipararse a la de un presidente. "Si una compañía decide no obedecer una ley qeu considera injusta, y pagar el precio que ello implica, no significa que esté por enicma de la ley. Está tomando una posición moral", afirmó Sandra Mims Rowem del Oregonian.

Cabe preguntarse: ¿si una revista como TIME no protege a sus periodistas, como un diario chico de un pueblo chico se animará a hacerlo?

Ver informe Wall Street Journal.
Ver Washington Post.
Ver NYT.

Un hombre investigado en un proceso penal, denunció la comisión, por parte del juez del proceso, de una falta grave al código de ética, ya que éste -según la denunncia- filtró el dato de su procesamiento a la prensa sin siquiera estar el involucrado debidamente procesado.

A fin de acreditarlo, la parte damnificada pidió a la justicia que envíe oficios a los directores de tres diarios formoseños para que informen quien les dió esa información.

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Formosa resolvió rechazar el pedido basándose en la protección que el art. 43 de la Constitución Nacional da a los periodistas respecto de la obligación de develar sus fuentes de información.

Dijo el Tribunal:

"Que el modo en el cual los medios periodísticos acceden a determinadas informaciones, resultan amparados por el secreto a las fuentes de información (art. 43 - 3r. Párrafo - in fine - de la Constitución Nacional), resultando improcedente la pretensión del interesado, de requerir mediante oficio judicial, que los Directores de medios de prensa, informen sobre los funcionarios -judiciales o no- que les hubieren proporcionado la información que luego publican. En el caso que la información fuera errónea - que en este caso no lo es- o lesiva al honor del presentante, puede ejercer los derechos que la legislación le confiere en su resguardo, pero en modo alguno pueden consentirse el avance sobre una de las garantías mas preciadas para el ejercicio de la libertad de prensa."

Esto se relaciona con la situación en Estados Unidos que mencionamos en un post anterior y los proyectos presentados en el Congreso de ese país de sancionar una ley federal que otorgue esta garantía a los periodistas de ese país.

Ver texto completo del fallo.

Hace un par de días que estoy revisando algunos papeles para aprender más -y tal vez postear acá- sobre un proyecto de ley en EE.UU. que tiene por finalidad liberar a los periodistas de la obligación de revelar sus fuentes confidenciales de información.

En EE.UU. no existe una garantía que resguarde a los periodistas de esa obligación en el orden federal, aunque sí existe en casi todos los estados que componen la unión.

Esta falta de protección legal fue noticia ayer: la Suprema Corte de los Estados Unidos rechazó una petición de revisión (writ of certiorari) de los periodistas Judith Miller de The New York Times y Matthew Cooper de Time Magazine, quienes fueron condenados a dos años de prisión por negarse a revelar sus fuentes de información.

La historia que motivó la acusación no fue escrita por ellos, sino por Robert Novak, un polémico columnista conservador que, en una columna de opinión reveló que Valery Plame, esposa de un importante diplomático enfrentado a la administración Bush, era agente secreta de la CIA.

Leer Más... contexto, el caso, y el secreto de las fuentes de información.

En este interesante artículo, Greg Palast (periodista del diario británico The Guardian) critíca la evolución que el periodismo de investigación tuvo después de Watergate.

Entiende que los mayores diarios de América han "tapado" historias que merecáin ser contaqdas, y critica entre otros a The Washington Post, Newsweek y a CBS.

En su conclusión, Palast dice

Muy interesante.

Después de la revelación del secreto mejor guardado en la historia del periodismo el pasado 31 de Mayo, las reacciones no se hicieron esperar. Diferentes funcionarios de la era Nixom criticaron a Felt, y lo consideraron un traidor. Ese juicio también se repitió entre ex miembros del FBI, aunque aquí hubo varias voces que lo justificaron o lo defendieron.

Una cuestión es clara: la familia de Felt salió a decir sin tapujos que la motivación principal era el dinero. ¿Cuánto habrá pagado Vanity Fair por la primicia? ¿Es ético pagar por información? Hoy sabemos que las negociaciones con la revista se iniciaron hace más de dos años...

Clarín ofreció la versión dada por Woodward de como conoció a Felt.

La fuente anónima que ayudo a los periodistas del Washington Post Carl Bernstein y Bob Woodward a develar el escándalo de Watergate que obligó a renunciar al presidente Richard Nixon en 1974 fue revelada: el misterioso "hombre del presidente" en cuestión es Mark Felt, entonces número 2 del FBI.

Hoy con 91 años, el hombre vive jubilado en Santa Rosa, California. La primicia fue dada por Vanity Fair. Pero en un primer momento del día, la noticia no era segura, ni Bernstein ni Woodward habían confirmado la historia. Es más, a eso de las 17 horas del 31/5 hora argentina, la principal noticia en Internet era el comunicado emitido por los periodistas manteniendo en reserva el nombre, afrimando que hasta la muerte del informante no iban a revelar su identidad. Aseguraban que ese era el compromiso ético asumido.

Eso ya no es así. Ámbos periodistas emitieron un comunicado en el cual dijeron que Felt es el informante secreto que pasó a lahistoria como "Garganta Profunda", gracias al libro y la película "Todos los Hombres del Presidente". La revelación vino luego que el editor del Post Leonard Downie Jr. regresara de uregncia a Washington desde un "campamento corporativo" (cosa de yankees). Consultó con Bernstein y Woodward, y decidieron publicarlo.

El Jueves saldrá un artículo en el Post contando toda la historia.

El nombre de Felt ya había sonado como posible "candidato". Es más, en 1992, el Atlantic Monthly publicó un informe en el que lo menciona como "Garganta Profunda".

Los motivos: Felt, como otros leales del FBI estaban molestos con como Nixon utilizaba al organismo. Y se molestó por no ser el sucesor de Hoover en el Buró cuando este murió. Y tampoco le gustó que Nixon eligiera a un "outsider" para manejar la oficina federal de investigaciones. Y menos le gustó que el FBI no investigara el caso Watergate. Entonces habló. Y se convirtió en la fuente anónima más famosa de la historia.

Gracias a el seguimiento del caso, los periodistas y el Psot ganaron el Pullitzer. Luego, el libro y la película. Ahora sabemos un dato extra: a Felt nunca le gustó pasar a la historia como el título de una famosa película porno.

La historia en el Washington Post.
Clarín.
La Nación.
Washington Monthly.

Seguimos con el caso "Newsweek". Presentamos una conferencia del Pentágono donde hablan de los casos de maltrato (mishandling) del Corán. cabe destacar que lo "tomamos prestado" de la CNN, con una cámara digital apuntando al Televisor.

. Clickear en la Imágen para ver la Conferencia. Se puede segui la transcirpción original desde que empieza, clickeando acá.

Si bien la conferencia no está completa, el tesimonio del General a cargo de Guantánamo, Jay W. Hood, y el vocero del Pentágono Lawrence Di Rita exponiendo sobre casos de maltratos del texto sagrado del Islam.

En la parte no grabada, las principales afirmaciones son las siguientes (extraídas de la transcirpción original de la exposición, de la página del Pentágono):

En la entrada del 12 de Mayo, el blawg de Media Law informa sobre un caso de una periodista de los Estados Unidos que fue citada a declarar como testigo en un juicio por una ofensa sexual a pesar de la ley de Montana que protege a los periodistas de revelar sus fuentes de información. El juez desestimó los argumentos esgrimidos basados en la ley, y entendió que como la periodista fue nombrada como "informante" por el departamento de policía la "ley escudo" no se aplica al caso.

Una reciente encuesta en EEUU muestra que la mayoría de la gente cree que los bloggers deberían contar con la misma protección constitucional que tienen los periodistas. La encuesta se encuadra en en un creciente debate en torno al derecho de los bloggers a no revelar sus fuentes de ínformación. Un caso en California que involucra a secretos comerciales de la firma Apple y su difusión en un blog dedicado a temas tecnológicos es un ejemplo de esto. Abogados de la Electronic Fronteir Foundation, un grupo que aboga por las libertades civlies en temas de Internet intervinieron a favor del blogger, alegando el derecho de los periodistas a resguardar el secreto a las fuentes.
El tema es complejo: sin dudas que la labor periodísitica merece que, en función del vital rol que cumple en la sociedad, se mantenga el derecho a proteger las fuentes de información. Pero también es cierto que la simple publicación de un blog no hace necesariamente a su autor un periodista. La pregunta es, ¿la protección de la ley se concede al medio o a la labor periodísitica? Otra: ¿Como se resuelve el caso en un sistema como el argentino en el cual la protección a las fuentes de información es un derecho constitucional expreso y casi absoluto? - Fin -