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Alegando que el Consejo de la Magistratura funcionaba mal, desde el Gobierno se impulsó hace más de un año una reforma sustancial que disminuyó la representación política de las minorías y restringió la representación del estamento judicial y de los abogados.

Sobre un total de 13, el oficialismo quedó con cinco representantes: dos del senado, dos de Diputados y uno del Ejecutivo. Si bien no pueden cesionar por si mismos ni tener mayoría, si pueden impedir en conjunto que se tomen diversas decisiones importantes que requieren dos tercios.

Bueno, ahora parece que el Consejo, lejos de mejorar en su funcionamiento, empeoró. Según Luis Pereira Duarte, no se logró mayor celeridad en el trámite, y ofrece cifras concretas.

"LA NACION, en su edición del 14 de enero, da cuenta de que, en el segundo semestre de 2007, el Consejo envió al ejecutivo sólo cinco ternas. Si tenemos en cuenta que durante todo el año se remitieron cincuenta y dos ternas, llegamos a datos concluyentes: lejos de la prometida eficacia, la capacidad de trabajo disminuyó.

Por ejemplo, si lo comparamos con el período 2004, en que se elevaron al Ejecutivo ochenta y dos ternas. Dentro del período de 2007 existe una gran diferencia entre el primero y el segundo semestre. En los primeros seis meses se eligieron cuarenta y siete de las cincuenta y dos ternas; a las partes más gravitantes de esos concursos las desarrolló la anterior composición del Consejo".

En tanto, al final lograron que el Secretario del Consejo reuncie. Nombraron a un asesor del consejero Carlos Kunkel en su reemplazo. Tardaron más de un año pero lo lograron. Ahora manejarán todos los aspectos administrativos del Consejo.

Lunes por la noche. En la tele, una película de abogados fuera de foco en MGM (este canal suele tener películas fuera de foco) y el debate demócrata en la CNN en español, que me recuerda que me sacaron la CNN y la BBC 'en inglé' y me hace sentir levemente en Somalía.

Anyway...

Opté por el debate demócrata (aguante Edwards) pero en el interín, a fin de evitar los espasmos verbales de la traductora, me fui al Internet dónde me interioricé de este fantástico debate en el Criador de Gorilas (¿por qué tanto anonimato en un foro de 'debate público'?) Allí debatía el Criador (andá a saber quien es, pero se nota que es un tipo formado) y Roberto Gargarella sobre los límites de la democracia deliberativa y el -posible- rol que los tribunales podrían jugar en ella.

Muy interesante el debate -le vamos a RG- y el legítimo cuestionamiento de los jueces en virtud de su escasa representatividad democrática.

Con esto se relaciona esta entrada en el blog de la Universidad de Chicago sobre la orientación política de los jueces. Aparentemente, estudios empíricos demuestran que la posición política incide en cómo votan y deciden los casos judiciales. Como la orientación política se divide en EE.UU (parece) a dos aguas, la ecuación es simple: si el juez es republicano, es pro empresa, anti trabajador y anti agencias regulatorias (tipo esos zurditos de la EPA). Claro que si es demócrata es un talibán de los trabajadores, anti empresas -es un commie- y pro big government.

Dejo planteada para la posteridad mi duda respecto de estas estadísticas. Lo curioso, es que el buscar remedios a la parcialidad judicial no es la única solución posible. Algunos ven que esta situación puede tener efectos beneficiosos.

If the judiciary is ideologically diverse, the ex ante effect of biased judging on legislation should be politically neutral; and even if it is not, the main effect should be to ensure that legislation is socially beneficial, as legislators will need to be careful about enacting laws that injure the constituency of opposite-party judges.

Claro, esto en términos generales. ¿Y la igualdad ante la ley, y la justicia de la decisión concreta? ¿La única decision correcta?

Pero no nos pongamos metafísicos.

¿Cómo puede convivir la impunidad de delitos como los que derivan de la corrupción con la superpoblación carcelaria? La respuesta: una justicia penal de clase, que llena la cárceles de pobres y deja impunes delitos de otro tipo. Así lo piensa Roberto Gargarella, quien en una de sus frases más logradas dice:

"Cualquiera sea nuestra teoría de la obligación política, cuesta decir que alguien está obligado a responder a un derecho que se niega, grosera y sistemáticamente, a juzgarlo con la misma vara con que juzga a otros. Mientras el derecho no de muestras evidentes de que está dispuesto a recomponer su actitud, reestableciendo sus compromisos con la elemental igualdad ante la ley (y un buen test de ello podría ser, mal que nos pese, un manifiesto cambio en la composición social de nuestras cárceles), él estará socavando las bases de su propia legitimidad. Más todavía: los que están peor deben saber, aunque nadie nunca se los vaya a reconocer, que tienen el derecho a negarle autoridad a un orden jurídico que una y otra vez, y de modo grotesco, se niega a tratarlos como iguales."

Da para pensar sobre la exigibilidad del "derecho" (léase la ley) a personas a las que "el derecho" (y léase en este caso las instituciones legales establecidas) les niega los "derechos" (léase aquellas garantías individuales que se basan por lo menos en la común dignidad humana) más elementales.

Link

Muy buena la iniciativa de Gus Arballo en su blog de someter a juristas a interrogatorios sobre su formación profesional. Empezó bien: Gargarella y Bovino. Ambos critican a la academia jurídica argentina por chata. No confían en la justicia local. Uno admira a Maier y otro nominaría -tal vez- a Marcela Rodríguez a la Corte Suprema de Justicia.

Hablando de jueces y buceando en la página de Gargarella (que ojalá se convierta en blog algún día) encontramos este texto sobre los jueces y la visión restrictiva que estos tienen respecto de la democracia. En él el autor refuta uno por uno los argumentos a favor de la llamada 'restricción' de los jueces a la hora de actuar como el tercer poder del Estado.

Partiendo del supuesto de que un juez decida obligar al Estado a dar un estipendio mensual por hijo a los cartoneros para asegurar el derecho constitucional a la educación de estos, sostiene que las siguientes teorías críticas de esa decisión son erróneas: a) que se trata de un abuso del derecho; b) que el 'activismo' judicial es inaceptable; c) que el activismo judicial es aceptable sólo en relación a derechos civiles y políticos que implican una obligación del Estado de no hacer o impedir, y no una de hacer mediante la asignación de recursos como en el caso de los derechos sociales; d) que una decisión así atenta contra la división de poderes; e) que una decisión así no es democrática por la falta de legitimidad eleccionaria del poder Judicial.

El tema de los jueces de Casación estuvo hoy en boca de todos. La Nación salió muy fuerte a criticar a Kirchner, e incluyó una nota al juez de cámara Alfredo Bisordi, uno de los más cuestionados. No se escuchan buenas cosas de él y si -tal como trascendió por los medios- hay causas retrasadas injustificadamente desde 2003, parecería que existe motivo suficiente para someterlo a juicio político. Esta teoría se ve reforzada con el apoyo dado por el radicalismo a la idea de fletar a estos magistrados.

Sin embargo, las declaraciones del Presidente deben interpretarse en el contexto adecuado.

Por un lado, la motivación política de seguir exprimiendo la bandera de los derechos humanos. Pero más importante, la presencia y actitud del kirchnerismo dentro del Consejo de la Magistratura es lo que permite evaluar más críticamente las palabras presidenciales.

Es sabido que la intención de los cinco representantes oficialistas ante el organismo es hacerse con el control de comisiones clave. Entre ellas, la de Administración Financiera, que maneja todo el presupuesto de la Justicia Nacional.

La otra es la Secretaría General. Hace unas semanas hubo una denuncia policial del oficialista sindicalista Julio Piumato contra el actual SG por haber -supuestamente- ordenado reprimir una protesta del gremio.

Al que le quepa el sayo...

En ese contexto, las críticas a los "modos" presidenciales parece adecuada. De hecho, la Corte Suprema salió con un diplomático comunicado a retar al Presidente:

“Con relación a la cuestión planteada respecto de algunos jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, es preciso señalar que, sin perjuicio de que la conducta de los miembros de los tres poderes del Estado está sometida a controles republicanos, dicho control debe ser efectuado con mesura y equilibrio, utilizando los medios institucionalmente previstos, a fin de respetar la honorabilidad e independencia judicial”.

En una democracia, las formas son muy importantes. Porque el mensaje del presidente no es sólo escuchado por sus destinatarios sino por todos los demás magistrados, quienes conocen la situación del Consejo y saben perfectamente de qué son capaces los poderes de turno.

Tras la feria judicial y con la entrada en funciones de Ricardo Lorenzetti como presidente del tribunal, la Corte Suprema de Justicia se abocaría este año a implementar un mecanismo de audiencias públicas para los casos de mayor relevancia institucional.

Es para aplaudir, como dijimos antes.

Lea más, en infobaeprofesional.com.

Hace un tiempo, FT preguntaba sobre "la tiranía de los jueces", a propósito de una entrada sobre la reforma de la Corte Suprema de Justicia. Yo prometí profundizar un poco en el tema.

La "tiranía de los jueces" es un viejo temor de muchos relacionado a la facultad que tienen los magistrados de declarar la inconstitucionalidad de las normas emanadas de la Legislatura. Es un cuestionamiento filosófico y político a ese enorme poder judicial.

Situemonos, al mero efecto del análisis, en los Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que un grupo de ancianos blancos que estudiaron en las universidades más caras, dueños de todos los privilegios conferidos por la sociedad capitalista a sus clases destacadas por cuna y fortuna, tengan el derecho de declarar nula una ley emanada de la Legislatura, el órgano más democrático del Gobierno dónde la representación del pueblo se demuestra más cabalmente? ¿Por qué esos nueve ancianos a quienes el pueblo no votó pueden pasar por encima de la voluntad del pueblo?

El problema se relaciona con el carácter supremo de la Constitución en el ordenamiento jurídico. La Constitución de los Estados Unidos en ningún momento dice que los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley. A diferencia de los sistemas de Tribunales constitucionales europeos, dónde el control es centralizado y existen acciones específicas tendientes a lograr la derogación judicial de una norma, en el sistema difuso norteamericano / argentino no existe una norma que establezca esta facultad en cabeza del Poder Judicial.

La misma deriva de dos previsiones constitucionales: la que garantiza la supremacía de la Constitución y la que establece que el poder judicial interviene en todos los asuntos "regidos por ésta Constitución". La ecuación es bastante simple: si los jueces tienen que definir las causas conforme a derecho (A) y si la Constitución es la ley suprema (B), si en el ejercicio de su arte encuentran que una ley contradice la Constitución(C) la deben dejar de lado (D).

Si suponiendo A + B se da C, la consecuencia D es inevitable.

Claro que esto no fue siempre tan claro. Sólo cuando el juez Marshall en el caso Marbury v. Madison (1803) elucubró el razonamiento anterior nació el control judicial de constitucional; contenido en la ley fundamental de un modo velado, como consecuencia lógica de algunos de sus principios más trascendentes.

Es como dijo el juez Marshall en el párrafo que sirve de subtítulo de ésta bitácora:

"...o la Constitución es la ley suprema, inalterable por medios ordinarios; o se encuentra al mismo nivel que las leyes (...) Si es cierta la primera alternativa, entonces una ley contraria a la Constitución no es ley; si en cambio es verdadera la segunda, entonces las constituciones escritas son absurdos intentos del pueblo para limitar un poder ilimitable por naturaleza"

Sin embargo, la lógica del razonamiento no resuelve los problemas filosóficos que hacen a la teoría democrática y a la "soberanía" del pueblo. En vistas a este conflicto, diversos mecanismos procuraron morigerar el amplio poder judicial, muchos de los cuales provinieron de los mismos estrados judiciales.

En ese sentido, puede señalarse:

1. El control se limita al caso concreto y no implica la derogación hacia todos de la norma.
2. Los jueces consideran que la declaración de inconstitucionalidad es el último recurso del orden jurídico.
3. Los mismos jueces ejercen una cierta "auto restricción" a la hora de declarar inconstitucional una ley, actuando muchas veces con "deferencia" hacia los poderes políticos del estado.
4. Para poder declarar inconstitucional una ley la contradicción debe ser clara.
5. Los jueces no analizan las "cuestiones políticas no justiciables", categoría creada por los propios magistrados que se inscribe dentro de la auto limitación judicial.

Estos límites son sólo algunos de los muchos que hay; hasta puede decirse que son los más clásicos. Hoy, muchos de ellos están en crisis. La doctrina de las cuestiones políticas es cada vez más cuestionada y la Corte hoy analiza casos que antes no hubiera analizado nunca; se puede ver un cierto "activismo" judicial en ciertos casos, como el del Riachuelo; la intervención de una asociación civil o del defensor del pueblo en amparos colectivos puede llegar a dar a la sentencia ciertos efectos "erga omnes", esto quiere decir, para todos.

Básicamente, estas son algunas de las cosas que es necesario saber para entender el temor a la tiranía de los jueces, un miedo que es de principios, tan viejo como la democracia constitucional y que admitió diversas respuestas de los jueces para mantener vivo el sistema que les da tanto poder.

Se dice que cuando hay 13 sentados en una mesa, uno de ellos no estará más dentro de un año. El viernes, asumió el nuevo Consejo de la Magistratura pensado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, un Consejo que todos criticaron.

Pero el viernes estaban muy contentos por empezar en sus nuevos cargos.

Se dice que la presidencia del cuerpo va a ir para Luis María Cabral, un prestigioso camarista ligado a la conducción actual de la Asociación de Magistrados. Su actual presidente, Miguel Ángel Caminos, dio argumentos bastante razonables para justificar que la presidencia del cuerpo debe ir para un magistrado.

Por ahora, es una cuestión que se decidirá ad hoc. Pero aparentemente, el efecto Misiones llegó hasta el Consejo y no se quiso enviar señales que podrían afectar una vez más las ahora atemorizadas filas del kirchnerismo. Así que el presidente, por ahora, sería el camarista.

Desde los abogados, se oponen diciendo que no corresponde que un "juez" sea el que presida el organismo encargado de seleccionar y remover a "otros jueces".

Mañana se decide la cosa.

Dentro de un año habrá un nuevo presidente de la Nación.

¿Se cumplirá el maleficio de los 13?

Parecía que alguien se había sacado el Jackpot en una maquinita traga monedas y las moneditas caían una tras otra, casi imparables y todas hermosas. Ayer por la mañana, los cables con adhesiones al proyecto de la senadora Cristina Fernández de Kirchner de reducir los miembros de la Corte entraban uno tras otro y desde los cuatro puntos cardinales.

Desde el ARI y desde PRO, constitucionalistas prestigiosos y magistrados, entre ellos cinco de los siete que actualmente componen el Tribunal.

Pero a mi me quedaba un gustito medio amargo en la boca. Todos veían las ventajas obvias de tener menos jueces (básicamente, mayor rapidez en resolver las causas). Pero, ¿nadie veía las desventajas que esto traería inevitablemente?

Cuando Elena Highton llegó al Palacio de Tribunales, Crónica TV la agarró en la puerta y le hizo algunas preguntas. El cable de Télam no incluyó una parte que sí se vió por la transmisión en vivo del canal que está "firme junto al pueblo".

Highton sostuvo que una posible desventaja de la medida sería la "dificultad para obtener más diversidad" en la Corte.

Y yo estoy de acuerdo.

Un tribunal de garantías constitucionales (como decía el gran BC) debería ser más o menos representativo de la composición pluralista de una sociedad democrática. Debería haber mujeres y hombres, especialistas en varias ramas del derecho, gente del interior y de Buenos Aires, y con visiones distintas sobre qué es el derecho y la justicia.

Con una composición de cinco, sólo tres jueces van a poder decidir sobre cuestiones que hacen a aspectos sumamente importantes de la sociedad. La pregunta que cabe hacerse es cuan representativos podrán ser tres magistrados. Claro que dos más tampoco resuelve todos los posibles cuestionamientos, que en última instancia se dirige al sistema mismo de control judicial de constitucionalidad y se funda en el viejo temor de "la tiranía de los jueces".

De todos modos, parece claro que el problema del Tribunal no pasa por la cantidad de ministros que lo integran.

Lo dijo Fayt: el problema son la cantidad de causas que recibe y que se ve obligado a tratar. Y lo completó Vanossi: habría que revisar la cuestión de la competencia y los plazos del tribunal para expedirse.

Hace varios días que esta bitácora está en un parate. Sucede que estoy realizando un seminario de la Fundación Universitaria Río de la Plata que me tiene todo el día de aquí para allá. Consiste en paneles académicos y entrevistas con líderes políticos, sociales, económicos, etcétera.

Entre otros, conocí a Ricardo López Murphy, quien acertó en mi opinión en el diagnóstico de lo que está mal en este país pero se equivocó --según mi opinión- en el remedio para solucionarlo. La ministro de Economía es una persona brillante, que no cree que sea el tiempo de sacar la ley de coparticipación. Otro que me parecio muy inteligente es Adrián Pérez, diputado del ARI. En general, todos los de ahí me parecieron sumamente capaces y comprometidos con el país. Gustavo Martínez Pandiani se refirió a la video política de Sartori y el peculiar estilo de comunicación del Presidente. Daniel Balmaceda, editor de Noticias se refirió a los problemas del periodismo y a las presiones del Gobierno.

Por último, estuve en la Sala de Audiencias de la Corte Suprema, dónde el grupo se entrevistó con Carmen Argibay. Tiene conceptos muy claros, pero no incurrió en opiniones sobre ningún tema polémico que el tribunal pueda decidir. Me impresionó su humildad y sencillez. Ya diré algo sobre lo que dijo la ministro y un secretario letrado del Tribunal.

Les cuento que entrar en la Sala de Acuerdos y ver dónde los jueces deciden las sentencias fue una emoción enorme.

(Si, soy un nerd, ¿y qué?)

Ayer estuve en la UBA para ejercer mis funciones de ayudante en la cátedra de Elementos del Derecho Constitucional de Daniel Sabsay.

Hablamos del derecho al sufragio, de los partidos políticos y de los sistemas electorales. A mí me tocó abordar todos esos temas, por lo que hablé de la relación entre representante y representado, la crisis de los partidos políticos (a pesar de su rol 'fundamenta' en el esquema constitucional) y los "sistemas electorales", dónde no puede evitar manifestar cierta simpatía hacia algunos efectos que tendría la adopción del sistema de "circunscripciones uninominales" que rige en EE.UU y en algunos países de Europa.

En la segunda parte de la clase, la profesora adjunta habló de "democracia participativa" y los diferentes mecanismo previstos en la Constitución Nacional, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires que se inspiran en ese principio.

Particularmente interesante me pareció el tema de las audiencias públicas, una forma excelente para que los ciudadanos expresen --muchas veces a tráves de organizaciones intermedias como las ONG- su visión sobre algún tema importante. Y siempre antes de que se expida la autoridad que debe tomar la decisión en el caso.

Hace poco decíamos que la Corte Suprema debería establecer un sistema parecido a los argumentos orales de su par yankee.

Allí se podría escuchar los alegatos de las partes y las presentaciones de los cada vez más aceptados "amigos del tribunal".

Un debate de esas características sería útil no sólo para informar a la ciudadanía del importante rol institucional de la Corte sino también para poner en el centro del debate público la cuestión constitucional que el Tribunal tendrá que decidir.

Ayer se llevó a cabo una audiencia parecida en el Palacio de Justicia. No fue televisada, pero los periodistas pudieron ingresar y en Clarín registraron las preguntas de los jueces.

Muchos periodistas especializados en la Suprema Corte de EE.UU suelen buscar indicios de cómo va a ser el voto de los jueces en el caso concreto basándose en las preguntas realizadas por éstos durante los argumentos orales del caso. Es una técnica que ha demostrado ser útil en algunos casos, pero en otros absolutamente desorientadora.

Sucede que los jueces no llegan a la audiencia en blanco sobre los fundamentos de hecho y de derecho del caso. Se informaron y mucho, por lo que sus preguntas suelen ser muy precisas y muy concretas. Además, muchas veces juegan el rol del abogado del diablo y sus preguntas buscan escarbar en el argumento jurídico de alguna de las partes para ver hasta que punto el mismo es coherente y carente de contradicciones.

Quien ha escuchado estas audiencias --muchas de las cuales pueden encontrarse en Oyez- sabe que la descripción previa es bastante acertada. Para ver la preparación previa de los jueces basta con reparar cómo los abogados de las partes son interrumpidos por los magistrados a escasos minutos de haber comenzado sus exposiciones.

Intentemos elaborar un prefil de los jueces argentinos de acuerdo a las preguntas que los magistrados realizaron ayer.

Enrique Petracchi quiso saber qué mecanismos contempla el plan para preservar el medio ambiente pero también los puestos de trabajo. 'Nos preocupa la contaminación pero también la gente', aseguró.

¿El presidente del Tribunal en ejercicio de funciones de relaciones públicas? ¿Por qué no?

Juan Carlos Maqueda preguntó si el crédito del BID sigue vigente.

Maqueda siempre en cuestiones de alta política como es el otorgamiento de un crédito por parte de un organismo internacional. ¿Añorará sus días como presidente provisional del Senado, cámara que tiene a su cargo la aprobación de los tratados firmados por el Ejecutivo?
Raúl Zaffaroni se refirió al enorme sector de la población del Riachuelo que están en la pobreza, y de la necesidad de políticas de crédito por parte del Estado.

En una simple pregunta pintó su "perfil progresista" necesidad de que el Estado ayude a los pobres.

Elena Highton pidió precisiones sobre la atención de los daños de salud,

Los años de camarista civil y su especialización en la materia llevaron a la ilustre doctora hacia las vías de las responsabilidad civil.

Ricardo Lorenzetti quiso saber entre otros puntos si hay dictámenes sobre las patologías de salud...
Cuanto más nos especializamos en daños, más vamos al daño en sí, uno de los presupuestos fundamentales de la responsabilidad civil.

...y Carlos Fayt se preguntó "¿Quién va a custodiar al custodio"? de los fondos del plan.

El prestigioso hombre del derecho público, preocupado por el Estado y la transparencia de sus finanzas.

Lo previo no fue más que un simple juego.

Pero lo cierto es que las audiencias de éste tipo aportarían mucho desde el punto de vista institucional particularmente en aquellos casos que involucren trascendentes cuestiones constitucionales. No sería el caso de la audiencia de ayer, que tiene trascendencia pública por la gran cantidad de personas interesadas en el saneamiento del Riachuelo.

Cuando me iba de la facultad y la noche ya había caído hacía rato sobre Buenos Aires me enteré de una propuesta peculiar: crear una sala constitucional en la Corte Suprema. Me lo comentó la profesora adjunta, quien se había enterado de una charla sobre el tema por un cartel colgado en Tribunales.

Lo primero que se me ocurrió fue decir que la idea "no me entusiasma mucho". Es que si la Corte es primordialmente un "tribunal de garantías constitucionales" (como decía Bidart Campos) entonces parece absurdo crear una sala de pocos jueces para tratar los casos que hacen a su tarea más importante.

Sería más lógico crear salas civiles, administrativas, penales, laborales, etcétera.

Son las interpretaciones sobre esas materias las que tienen menos trascendencia institucional. Por ese lado debe procurarse alivianar el trabajo del tribunal, no a través de la semi delegación de su tarea primordial y específica: decir qué es la Constitución Nacional, one case at a time.

Gustavo Arballo presenta en Saber Derecho un interesante análisis cuantitativo de la cantidad de leyes sancionadas por el Congreso de la Nación desde el retorno de la democracia, allá por 1983.

Es intersante ver, por ejemplo, cuando se superaron los números redondos. Dice Gustavo:

"La frontera de la ley 23.000 se cruzó en 1983. La 24.000, en 1991. La 25.000, en 1998. La 26.000, a principios de este año. Los ciclos son de siete u ocho años. Al paso que vamos, la ley 27.000 estaría votándose en 2013".

Finalmente, culmina con una inteligente frase jugando con el título de su bitácora: "Hacer leyes, no es hacer derecho".

Es que la calidad de la tarea legislativa no puede medirse por la cantidad de leyes aprobadas, particularmente cuando --como decíamos en una entrada anterior- hoy en día la labor del Congreso en materia de control debería jugar un rol central al lado de su labor legisferante.

El juez Stephen Breyer fue propuesto para la Corte Suprema de Estados Unidos por Bill Clinton, y es miembro del tribunal desde 1994. Recientemente, en un almuerzo en la Universidad de Nueva York, Breyer brindó algunos conceptos interesantes sobre el rol de la Corte Suprema y el concepto de democracia en la Constitución de EE.UU.

En primer lugar, Breyer se preguntó cuál es el rol que tienen los jueces en la sociedad. Según el juez, la democracia "tiene límites", y la Suprema Corte es la "patrulla de los límites". Es decir, el rol del tribunal sería mantener el orden de cosas dentro de los límites marcados por la Constitución. "El trabajo de un juez de la Corte es controlar los límites de la sociedad Americana, no decidir qué clase de sociedad debería ser", dijo Breyer.

Además, el juez se metió de lleno en cuestiones que hacen a la interpretación de la Constitución:

"Cuando entiendes que este documento tiene a la democracia en su corazón, entonces tienes un modo de aproximación que sirve para contestar algunas preguntas específicas".

La idea es interesante y recuerda la teoría propuesta por Ronald Dworkin de que los grandes principios constitucionales (como el de la libertad de expresión, por ejemplo) son "principios morales abstractos" que deben interpretarse según los fines de los mismos en el marco de un sistema republicano de gobierno.

La postura de Dworkin se presenta como contraria a la que sostiene que la Constitución debe interpretarse según "la intención" de los constituyentes, o que los términos de la misma deben interpretarse "según eran entendidos" en el momento en que la Constitución fue redactada.

Al ver que "la democracia" está "en el corazón" de la Constitución, los jueces tienen un elemento de interpretación que les sirve para desentrañar el sentido de esos "principios morales abstractos" de los que habla Dworkin. Recordemos al artículo 33 de la Constitución Nacional:

"Las declaraciones, derechos y garantías que enumera la Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno".

Esos derechos no enumerados o implícitos nacen del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana de Gobierno. Es decir, de "la democracia" de la que habla Beyer. Pero la Constitución norteamericana no cuenta con una disposición tan clara como la prevista en el artículo 33 de nuestra Ley Fundamental.

¿Será por eso que se discute tanto?

Via el Washington Post.

El presidente boliviano Evo Morales nombró a Casimira Rodríguez como ministra de Justicia del país del altiplano. Su nombramiento generó que la Asociación Nacional de Abogados Bolivianos --que nuclea a más de 30 mil letrados- pidiera su renuncia.

 

Sucede que Rodríguez no tiene estudios legales de ningún tipo y fue empleada doméstica por más de 18 años. De hecho, su militancia política en el Sindicato de empleadas domésticas --que ayudó a crear- la llevaron dónde está ahora.

 

El Washington Post creyó que era conveniente contar la historia, ya que doña Rodríguez deberá dirigir el sistema judicial boliviano, que --según el diario- "es uno de los más sobrecargados, corruptos e ineficientes de Latinoamérica".

 

Veamos algunas estadísticas.

 

Dos contratistas que cometieron fraude contra el Estado por 1.2 millones de bolivianos recibieron una multa de 5 mil dólares. Al mismo tiempo, un hombre en La Paz recibió 10 años de cárcel por robar 87 centavos. Un joven del Alto 50 años por vender una onzas de marihuana. Otros 50 recibió un joven por robar un boliviano a dos tipos que salían de un restaurante y un hombre en Sucre --que ya había delinquido cinco veces- recibió 1000 años por robar 73 bolivianos.

 

Números sorprendentes, ¿no es cierto?

 

Pero lector, usted ha sido engañado. Debería reemplazar a La Paz, el Alto y Sucre por Virginia, Louisiana y Dallas, y los bolivianos por dólares. Porque las cifras corresponden realmente al  sistema judicial estadounidense.

 

Excelente artículo de opinión de Oscar Cardozo, una de las mejores plumas del periodismo argentino. Trae a colación el grave problema de la tortura como método de lucha contra el terrorismo. Sobre el tema, ya dijimos bastante en este blog.

 

Cardozo profundiza sobre la cuestión y cita a numerosos expertos estadounidenses que en algún momento hablaron a favor de legalizar la tortura, entre ellos Alan Dershowitz, quien propuso la creación de warrants u órdenes judiciales para evitar los "abusos" que pueda originar la práctica. También ya dijimos algunas cosas sobre él.

 

Dice la nota: "Jean Bethke Elshtain, una respetada filósofa política, censuró a quienes consideran como tortura 'cualquier tratamiento desagradable o desventajoso' porque 'son incapaces de discriminar entre la privación del sueño y la amputación por ejemplo'."

 

El autor se ocupó de contradecirla citando a alguien que sufrió esa clase de "mecanismo de interrogació". "Quizá haya que recordar aquí el testimonio del ex primer ministro israelí, Menachem Begin , antiguo preso en las cárceles rusas, hablando de esa privación como uno de los castigos más crueles que un humano puede infligir a otro". 

 

Francamente, me cansé de quienes defienden la tortura. Respeto su derecho a decir lo que quieran, pero cada uno de ellos --para ser honestos con sigo mismos- deberían estar dispuestos a ser sometidos a esas mismas prácticas que defienden. O al menos, deberían estar dispuestos a observar esos interrogatorios. Para que sepan de lo que están hablando. 

 

Me gustaría saber que pensaría toda esta gente --para quienes la dignidad humana no parece jugar un papel relevante en la cuestión- luego de ser introducidos en el arte del interrogatorio moderno por especialistas norteamericanos, rusos o israelíes o argentinos o...

 

¿Para qué sirve una Constitución? ¿Sirve para organizar un Gobierno y resguardar derechos de los ciudadanos? ¿Sirve para proteger derechos que no pueden ser alterados por leyes o actos del Gobiernos? ¿Establece criterios de acción para la administración, promueve ideales, presenta objetivos?

Todas las respuestas a estas preguntas podrían ser positivas. Pero lo cierto es que una Constitución no sirve para nada si no establece un mecanismo adecuado para que los ciudadanos puedan demandar el respeto de los derechos que reconoce la Ley Suprema.

El mecanismo de control en la China comunista / capitalista y respetuosa de los derechos humanos no existe, tal como queda atestiguado en una excelente nota del New York Times.

"El problema no es que el documento carezca de altos ideales o sea considerado no importante. Pero para los ciudadanos de China, su Constitución es inaccesible. Aunque describa una serie de derechos, el sistema legal chino esencialmente no permite a los ciudadanos discutir las leyes o políticas estatales que creen que violan esos derechos", dice la crónica.

Esa evaluación fue motivada por un simple accidente de tránsito, en el que tres chicas --que iban a la misma escuela y vivían en la misma cuadra- resultaron muertas. Una de ellas era hija de un "trabajador migrante", ciudadano que proviene zonas rurales y que tienen permisos especiales para trabajar donde viven. Cuando llegó la hora de la compensación por la muerte de las jóvenes, el comité estatal encargado de determinarla la fijó en la mitad de lo que le correspondió a los padres de las otras dos chicas. La práctica claramente discriminatoria, no puede ser atacada por la ausencia de un sistema de control constitucional.

Dice la crónica:

"Algunos reformadores de China creen que avanzar en la noción del derecho constitucional es crítico para establecer el estado de derecho. Entonces, los reformadores están impulsando ideas como la creación de una corte constitucional. Creen que expandiendo el alcance de la Constitución podría proveer un mayor control sobre Partido Comunista".

De todos modos, Stanley Lubman, de la Universidad de California, dijo que "por ahora, la Constitución China es un documento aspiracional". Que no sirve para nada si no cuenta con los mecanismos para convertirla en "derecho vivo", podríamos agregar.

Si no ¿cómo se explican noticias como ésta con un artículo como el 35 de la Constitución China? "Los ciudadanos de la República Popular China disfrutan de libertad de expresión, de prensa, de asamblea, de asociación, de procesión y de manifestación".

Y es algo para festejar. Que en pleno siglo XXI todavía haya gente que vive de otros de una manera legal y legitimada es una vergüenza.

 

El régimen de Nepal está pronto a caer, y el monarca se sostiene argumentando que lucha contra sectores comunistas. Suena al famoso: "Aprés moi, le deluge".

 

Hoy, el New York Times da cuenta de la juventud de algunos de los rebeldes. Shashi Sigdel, de tan sólo 29 años, dice:

 

"Mi abuel solía pensar que él [por el rey] era Dios. Mis padres pensaban que estaba entre Dios y el diablo. Yo, creo que él es el diablo. Ese es el salto generacional".

 

Link New York Times.

 

El ejército estadounidense ha ganado una importante batalla. Lejos de tratarse de una impecable victoria de la ocupación / fuerzas libertadoras en Iraq contra las huestes de la resistencia / terroristas , la victoria fue jurídica y en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que dijo que las facultades de derecho de ese país que reciben fondos federales no pueden impedir la presencia en los campus de los militares recrutadores que buscan contratar a estudiantes para que se alisten en el ejército.

 

La práctica es común, y basta recordar la película Forrest Gump para comprobarlo. Pero las facultades de derecho de ese país --al menos, muchas de ellas- habían decidido prohibir la presencia de los recrutadores por las prácticas "discriminatorias" llevadas adelante por las fuerzas militares de ese país. La política del "No preguntes, no cuentes" del ejército referentes a la orientación sexual de los miembros fue juzgada como discriminatoria por las facultades, ya que está destinada básicamente a impedir la presencia de homosexuales en las fuerzas.
 

Sin embargo, la Corte les dijo que no tienen razón. Cuando las facultades esgrimieron como argumento que la presencia de los recrutadores violaba su libertad de expresión al asociarlos al "discurso" militar, la Corte estimó que el razonamiento es incorrecto. "La presencia de un reclutador militar en el campus no viola el derecho de la escuela de leyes a asociarse, no importa cuan repugnante considere el discurso del recrutador", dijo Roberts, escribiendo en nombre de la Corte. La actividad de los recrutadores "no interfiere con el mensaje de la escuela", concluyó.

 

Vía el ACS Blog.

 

Una chica voluptuosa, ex Play Mate, recorre los pasillos de mármol del edificio de la Suprema Corte de los Estados Unidos. No se trata de una abogada que cambió las sesiones de fotos por horas de estudio, ni es la amante-secreto-a-voces de alguno de los jueces que integran el tribunal. Anna Nicole Smith se hizo famosa cuando ganó un concurso para aparecer en la portada de la revista Playboy en 1991 y apareció en el número de mayo de 1992 en la famosa "página desplegable central". Pero su fama se vio acrecentada cuando, en 1994, se casó con un magnate petrolero de Texas en julio de 1994. Ella tenía 26 años, él 92.

La diferencia de edad entre los novios y la cantidad de dinero del marido hicieron que las malas lenguas comenzaran a moverse. Como era previsible, el hombre murió poco después, tras 14 meses de feliz matrimonio. Los herederos de Marshall --tal era su nombre- hicieron lo imposible para evitar que Ana se lleve la mitad de la fortuna de su padre, y así comenzó una batalla legal que hoy llega a la más alta instancia judicial de los Estados Unidos.

Lejos del escándalo, Anna estuvo correcta y callada durante toda la audiencia y no respondió preguntas de los periodistas cuando entró o salió del edificio.

La cuestión jurídica de fondo que lleva el caso ante el Alto Tribunal es un problema de limites entre los juzgados federales y estaduales. Los primeros intervinieron a favor de Ana a través de la ley de bancarrota (que es federal) y le concedieron cerca de 500 millones de dólares. Un juez de Texas no le dio nada y la Corte de Apelaciones del noveno circuito decidió que Ana no era heredera de Marshall. Sucede que éste nunca la incluyó en su testamento, aunque Smith alega que le habría realizado una "promesa verbal" de llevarse la mitad de su fortuna si la chica accedía a casarse con él. Ahora, corresponde a los jueces del tribunal expedirse sobre la cuestión.

De todos modos, no es la primera vez que la pornografía ingresa a la casi secreta sala de audiencias del tribunal. Lo hizo en el famoso caso Hustler vs. Faldwell, que trató sobre una interesante cuestión referente a la Primera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.