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Quiero ver esta película. ¿Estará en Blockbuster?

Via Seminario.

En el blog de Roberto Gargarella, se armó un pequeño pero lindo debate en torno a modos de protesta, a propósito del reciente 'conflicto del campo'.

La cuestión está planteada en los siguientes términos: ¿es legítimo el corte de ruta como modalidad de protesta? ¿Es más legítima esta forma de protesta ‘extrema’ cuando la realizan sectores marginados, sin posibilidad de acceder a los grandes medios, en defensa de derechos elementales y no de derechos sectoriales y particularizados? ¿Qué ocurre cuando la medida contra la que se protesta fue tomada sin respetar los parámetros de la democracia deliberativa?

El tema es particularmente interesante. Hasta ahora, las opiniones vertidas se recuestan sobre consideraciones de distinto tipo basadas fundamentalmente en:

1. La teoría de RG de que el ejercicio del derecho a la protesta en reclamo de derechos básicos insatisfechos debe ser respetado, incluso cuando se violan derechos de terceros. Màxime si no tienen otra forma de manifestar sus legìtimas demandas.
2. La necesidad de sostener una 'supertolerancia' hacia las expresiones críticas, particularmente hacia las muy críticas.
3. La cuestión relativa a la naturaleza de la norma que viola el derecho.

El primer punto fue debatido en extenso en muchos lados (aca estamos bastante de acuerdo con los argumentos dados por RG). El segundo punto es una derivación del principio de libertad de expresión y la relación de éste con una sociedad democrática. Así como todas las opiniones deben ser escuchadas, son las más críticas las que mayor protección merecen, porque al mismo tiempo son las primeras que los censores querrán silenciar. No por nada, una vieja ley inglesa establecía que 'a mayor verdad, mayor es el libelo'.

El tercer punto puede requerir más desarrollo. Si bien el derecho violado puede no ser sustancial (como a priori no parece ser la mayor o menor rentabilidad de un sector de la economía), la norma que lo violentaría habría sido tomada de una forma absolutamente ajena a los estándares de la democracia deliberativa (ver Nino, La Constitución de la Democracia Deliberativa). Según esta teoría, el derecho para ser válido requiere que quienes se vean afectados por una norma participen de su discusión y sanción. Como las retenciones son impuestas por decreto, los afectados no pudieron participar del proceso de sanción de la misma y se pondría entonces en cuestionamiento la validez de decisión en tanto que norma jurídica. Esta ‘violentación’ de los presupuestos mínimos de la democracia justificaría el carácter extremo de la protesta. Es la posición que plantea Sebastián Linares en lo de RG.

Formas del Debate

Más allá de estas argumentaciones, hay una cuestión que debería ser analizada: las formas en que se canaliza el debate público en una sociedad moderna. Es un tema relevante porque la protesta, es una forma de participación del debate. Y analizar de qué forma ocurre la participación y el debate del que habla la teoría de la democracia deliberativa es fundalmental para el desarrollo de la misma. Para analizar la cuestión, es útil recurrir a los estudios de ciencias sociales sobre medios de comunicación.

Es perfectamente posible suponer que una sociedad hipotética debata sus asuntos de interés público en recintos cerrados, a los que concurren las partes interesadas y expresan sus opiniones. Estas formas de ‘foros público’ admiten, teóricamente, toda clase de formas, regulaciones en cuanto a modalidades y procedimientos, etcétera. También es posible que el debate se produzca por escrito en diarios, a través de una oferta de argumentos y contrargumentos cuidadosamente ordenados por un tercero imparcial. O puede ser que el debate se produzca en círculos pequeños de ciudadanos descentralizados, como propone la teoría de la democracia experimentalista. Estamos hablando de procesos de discusión, no de toma de decisiones. Suponemos que la decisión vendrá siempre luego del debate.

Las hipótesis pueden ser infinitas, pero ninguna de las mencionadas se relaciona con la forma en que se canaliza el debate público en nuestra sociedad, dónde el debate público transcurre, para bien o para mal, en los medios masivos de comunicación. Ese debate dista de ser exlcusivamente racional: está cruzado por múltiples registros, formatos y discursos que se superponen y a veces colisionan entre si.

Un aspecto clave del debate público multimediático (que podría llegar a ser una contradicción en términos) es la función de agenda setting de los medios, teoría desarrollada por McCombs y Shaw. Según esta teoría, los medios determinan los temas de discusión de una sociedad determinada, y en gran medida son también responsables del 'tamaño'de la discusión.

El conflicto ‘del campo’ muestra claramente que los medios masivos de comunicación jugaron un rol fundamental en el desarrollo del conflicto. Y los cortes de ruta fueron causa y consecuencia de ello, porque se enmarca en la lógica de acceso a los medios / participación del debate.

El acceso a los medios

La Presidenta cuenta con acceso automático a los medios. Esto ha sido ampliamente demostrado por estudios empíricos que demuestran que en el periodismo, las fuentes oficiales tienen preeminencia sobre fuentes no oficiales o alternativas. Lo curioso del conflicto del campo es que el otro sector dista de tener una presencia 'marginal'.

Sin embargo, eligieron recurrir a una de las típicas acciones directas que utilizan los grupos desventajados para ingresar a la agenda mediática: un corte de ruta.

Uno de esos mecanismos son los llamados pseudo acontecimientos, hechos que están armados para ser recolectados en la prensa. La inauguración de una obra pública o la firma de un contrato es un pseudo acontecimiento gubernamental. El salto del bache es uno de la oposición. El abrazo al Congreso, es de la sociedad civil.

Además de esos pseudo acontecimientos, es posible recurrir a mecanismos más directos para aparecer en los medios. Una protesta es una de esas formas más directas. Cuanto más grande, más espacio en la tele, más centímetros en el diario. Si se afecta a más personas, mejor: se satisface en mayor medida los criterios de 'noticiabilidad' y la noticia será más grande.

El corte de vías de comunicación es una forma de protesta que se ha utilizado extensamente en la Argentina de la última década. Sobre los grupos que originariamente la impulsaron (excluidos, desocupados, trabajadores en zonas remotas del país en dónde el cierre de una fábrica implicaba el cierre de un pueblo) RG construyó su teoría de tolerancia hacia esta forma de protesta que afecta derechos de terceros.

Desde este punto de vista, el 'paro del campo' fue un éxito rotundo. La medida de acción directa produjo como consecuencia la perspectiva clara de desabastecimiento en las principales áreas urbanas del país. Se afectaron derechos de terceros, sin dudas.

¿Cómo analizar la cuestión desde el punto de vista normativo?

Por lo pronto, podemos decir que los derechos no eran esenciales, por lo que la protesta no entraría dentro de los parámetros que justificarían la violación de derechos de terceros. Es más, podría argumentarse que la medida violaba derechos esenciales de terceros, al generar la perspectiva cierta de desabastecimiento.

Además, y en base a lo dicho en relación al poder de acceso a los medios, las entidades convocantes del paro de actividades tienen acceso: cuentan con recursos para comprar espacio, influencia en los medios de comunicación y llegada a los principales periodistas. Por lo que tenían alternativas menos extremas para manifestarse y participar del debate público.

De modo que en base a los presupuestos normativos antes mencionados, la protesta podría haber sido sancionada por el Estado a través del uso de la fuerza pública. No llegó a eso por una comprensible decisión política.

Sin embargo, quedan varias preguntas.

¿El campo hubiera logrado las (magras) concesiones que logró si hubiera optado por mecanismos de manifestarse más ortodoxos? ¿Existían esos mecanismos? ¿Estaban abiertas las vías de comunicación con las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo? El hecho de que la medida fuera tomada sin discusión previa y unilateralmente (como señalaba Sebastián L en el blog de RG) parece indicar que no.

Si a esto le sumamos que parte del conflicto también se relaciona con la no coparticipabilidad de las retenciones y la inconstitucionalidad por omisión en la que incurre el Gobierno y el Congreso al no sancionar una ley de Coparticipación, entonces tenemos que los argumentos normativos a favor de la constitucionalidad de la protesta 'del campo' son un poco más fuertes.

Desde este punto de vista: ¿la modalidad de protesta puede encontrar justificativos en consideracoines ex post como el éxito del reclamo? ¿Acaso el derecho a participar del debate no implica también -en cierta medida- el derecho a ser oído?

La discusión de ideas sólo puede darse en diferentes espacios públicos, términos entendidos en la forma más amplia posible. Estos ámbitos pueden ser de la más diversas características.

Así, un debate se puede producir a lo largo de días en cartas de lectores publicadas en diarios. O en cuestión de horas en bitácoras de Internet. Otros debates son cuidadosamente orquestados para ser transmitidos en vivo en el horario central. Otros son tan públicos como lo alto de las voces que vienen desde el fondo del bar, al lado de la mesa de billar que está rota.

Pero toda discusión pública sobre una asunto requiere algún grado de orden. La gente educada provee ese orden por propia voluntad, porque no le teme a las ideas extrañas sino que las mismas son parte fundamental de sus propias certezas: confirman su posición. La gente inteligente, además, las tiene en cuenta. La gente inteligente y humilde, sabe cuando cambiar de posición o al menos admitir matices en sus posiciones. En otras ocasiones, ese orden proviene desde afuera, muchas veces, de quienes organizan el debate.

Un principio clave de los debates ordenados es el de la "igualdad de armas". A nadie se le ocurriría que es legítimo que en un debate presidencial un candidato pueda hablar diez minutos frente a las cámaras y que otro candidato presidencial lo deba hacer desde la tribuna o con menos cantidad de tiempo. En el afan de mantener este principio, las reglas de los debates suelen ser de lo más estrictas.

Porque lo que se quiere incentivar es la expresión de las ideas racionales, y evitar los mecanismos no racionales de comunicación.

Todavía confiamos en el experimento del Gobierno democrático que se basa en la libre discusión de las ideas, la confrontación de las mismas y la decisión informada de los ciudadanos. Lo dijo el juez Holmes en el famoso caso Abrams v. United States (1919):

“[La Constitución] es un experimento, como todo en la vida es un experimento. Cada año, si no cada día debemos hacer descansar nuestra salvación sobre alguna profecía basada en un conocimiento imperfecto” .

Ahora bien. ¿Qué son las campañas electorales si no grandes debates espaciados en días? Al menos eso deberían ser: el hecho de que no lo sean es síntoma innegable de una serie de problemas que limitan y empobrecen al sistema del que estemos hablando.

Y si las campañas son debates, los mismos deben ser regulados. Ahí está la razón por la cual el Código Nacional Electoral establece tantas prohibiciones. O la causa por la cual se limitan las contribuciones de campaña a determinados máximos y se prohíben otras. Es la razón por la cual existe la llamada veda electoral, la prohibición de realizar actos partidarios el día del comicio, entre otras tantas.

Se podrá discutir si esta clase de medidas son eficaces o no en su intención de mejorar la calidad del debate democrático, pero soy de los que creen que es bueno que estas reglas existan. Hay quienes válidamente estiman lo contrario.

Sin embargo, el libre debate no es más libre por carecer de reglas que lo ordenen. En ciertas condiciones, puede convertirse en un griterío en el que sobresaldrá quien tenga la voz más fuerte. Este ejemplo típico de cafetín porteño puede ser trasplantado a la arena política moderna. Sólo que la fortaleza de las voces no se juzgará por su volumen, sino por otros elementos. El dinero es uno de ellos.

En política, quien más dinero tiene, más fuerte grita.

Esta es una realidad que busca ser controlada a través de distintos tipos de relgas que establecen límites a los gastos de campaña, espacios mínimos en televisión, etcétera. En Estados Unidos, estas reglas merecieron ciertas objeciones constitucionales de parte de quienes entienden (no sin toda lógica) que la forma en que uno gasta su dinero para realizar actividades comunicativas es algo en lo que el Estado no debe entrometerse.

Este argumento pierde de vista que, de aceptarse un principio absoluto en ese sentido, el libre debate democrático estaría dominado por los ricos. Y no creo que esa sea la intención de la Constitución (adecuadamente interpretada a través de los principios morales y éticos abstractos que contienen sus disposiciones concretas, para salvar previsibles quejas de los originalistas, si es que hay de esos por estas pampas).

Además, quien tiene más dinero tiene más encuestas. Esto es así porque, las encuestas son mediciones parciales que pretenden ser representativas de un determinado colectivo. Se hacen muchas encuestas. Se difunden las que quiere el cliente. Quien más dinero tiene, más encuestas puede hacer. Y difundir las que le arrojen mejores resultados.

Yo creo que mercería ser objeto de debate si las encuestas pre electorales satisfacen algún fin útil a la democracia. Están suficientemente probados los mecanismos psicológicos que en los individuos inclinan la balanza a favor de la opinión mayoritaria. Al respecto, puede leerse el imprescindible libro La Espiral del Silencio de Noelle-Neumann. Las encuestas son técnicamente cuestionables y políticamente utilizables. Yo me pregunto si un título como el de Clarín del domingo pasado es útil para la democracia (me pregunto otras cosas sobre Clarín, pero esa es otra historia).

Son los títulos sobre los que se construye la idea del resultado cantado, que puede ser real o no. ¿A quien beneficia ese clima? A quien va primero en las encuestas. ¿Quien va primero en las encuestas? Quien tiene más dinero. Es un círculo. Del tipo vicioso. ¿En qué se perjudicaría la democracia si el tiempo de reflexión en materia de encuestas se extendiera a dos semanas antes del acto eleccionario? ¿O el establecimiento de gastos fijos para todas las campañas?

En fin. Son preguntas sin respuestas definidas. Pero con la extraña sensación de que el domingo algunos van arriba de un tanque, y otros con piedras y piedritas.

Escribimos esto antes de ver el post de Gustavo semi relacionado a esto, al que linkeamos aquí mismo. Ya habíamos hablado sobre esto a raíz de las elecciones porteñas.

Je. No pude evitar largar uno de esos jes pero en voz alta cuando en Slate vi el siguiente cartoon, confeccionado bajo el mismo principio que inspiró mi entrada sobre el senador Craig.

En el Caleidoscopio de Noticias nos enteramos que empieza Tele Sur, la CNN de Chávez que recibe el apoyo "moral" de Argentina, Cuba y Uruguay. El único medio estatal relativamente independiente que yo conozco es la BBC de Londres. Si alguien sabe de otro, por favor avise.

No parece una mala idea tener una gran cadena latinoamericana de noticias, pero... ¿en manos del estado? Nunca. Desconfiar del Estado es una sana práctica republicana que si es llevada al extremo puede convertirnos en los fanáticos miembros de las milicias americanas que creen que ser republicano es demasiado de "izquierdas".

Pero cuando se trata de la prensa, siempre voy a desconfiar del periodismo que nace del gobierno ya que la principal función del periodismo es informar verazmente y ser un responsable controlador del poder. Si la señal llega a la Argentina la miraremos como vemos los noticieros de Canal 7 cuando transmite en directo el acto del presidente en Chacabuco mientras en los otros canales de noticias los aviones se estrellan contra la Casa Blanca (es un ejemplo, obviamente).

Lo que me parece raro es esta propuesta de un legislador noteramericano:

"La agencia de noticias IPS informa que el promotor de la enmienda, el legislador republicano Connie Mack, del estado de Florida, afirmó que Telesur ”es una amenaza para Estados Unidos y trata de minar el equilibrio de poderes en el hemisferio occidental”, y comparó el proyecto con la televisora satelital árabe Al Jazeera".

Un poco exagerado, Mr. Mack. Además, si fuese cierto lo que dice, la CNN es -como dicen tantos por ahí- ¡ un mecanismo de colonización del imperialismo norteamericano ya que ayuda a mantener el equilibrio de poderes del mundo occidental y la hegemonía (norte) americana! No creo.