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Los muchachos de El Jueves nos siguen divirtiendo a la distancia. Ahora, y luego de que el dibujante y el guionista reciban la citación para ir a declarar como sospechosos de haber cometido el delito de injurias, la pequeña revista que quiso y pudo sacó la siguiente tapa.


En tanto, en Córdoba, la familia de Nora Dalmasso demandará a América TV por la difusión de las imágenes de Nora Dalmasso, por el daño sufrido. ¿Que precedente debería jugar en el caso Morales Solá y todos los que le siguieron o Ponzetti de Balbín?

Y vuelven a prometer una nueva ley de radiodifusión para 2008.

Esperen sentados.

Si hay alguien con autoridad para hablar de medios de comunicación y democracia, es el gran filósofo aleman Jurgen Habermas. Y hoy lo hizo en Clarín, rechazando básicamente la idea de muchos de que la televisión es sólo "una tostadora con imágenes".

Habermas ataca la idea de que la televisión debe ser sólo para consumo comercial. Y lo explica claramente.

"Los oyentes y los espectadores no son únicamente consumidores y por ende usuarios del mercado: son también ciudadanos que gozan de un derecho de participación cultural, de acceso al hecho político y de participación en la formación de la opinión. Sobre la base de esta exigencia jurídica, los programas que garantizan a la población esa 'provisión de fondo' no pueden volverse dependientes de su eficacia publicitaria y del apoyo de patrocinadores".

¿Está claro?

Porque no todos son aplazos para el Gobierno en materia de radiodifusión pública. Hoy, el diario La Nación publica una laudatoria nota del canal Encuentro, un canal cultural y educativo que impulsó el ministro de Educación Daniel Filmus.

La verdad, es que el canal está buenísimo. Sólo falta que vaya por aire, lo que requeriría ordenar un poco el espacio radioeléctrico, lo que requriría sancionar una nueva ley de radiodifusión.

Pero esa es otra discusión. Según el director de Encuentro, el cineasta Tristán Bauer, el canal compra de afuera el 60 por ciento del contenido, y el 40 restante es producción local. La idea es revertir ese porcentaje en los próximos años. Además, tiene un presupuesto de 17 millones de pesos, lo que -teniendo en cuenta la calidad del contenido- parece una verdadera ganga.

Por otro lado, Canal 7 también muestra algunas cosas interesantes. Hay programas de calidad, contenidos culturales, pasan cine argentino bueno y nuevo en algunas noches. En cuanto a la cobertura informativa, debo decir que la mayoría de las veces la ví perfectamente equilibrada y tocando todos los temas, sin escaparle a nada. Sólo algunos discursos del matrimonio presidencial se pasan en directo y completos, lo que no parece seguir criterios de noticiabilidad. Pero son detalles fácilmente corregibles.

Ojalá sea el principio de una nueva televisión pública.

Hace un tiempo nos preguntábamos si había libertad de expresión en Venezuela. Hoy, esa pregunta está en boca de todos a raíz de la decisión del Gobierno de Hugo Chávez de no renovar una licencia de radiodifusión de un canal de televisión claramente opositor a su Gobierno.

Las voces que se alzaron en contra de la medida fueron varias. Por lo pronto, la Sociedad Interamericana de Prensa condenó la decisión y la calificó de un ataque a la libertad de expresión. Es el discurso predominante de los medios y hasta en conocidos blogs, dónde se arman debates interesantes. Muchos opinan sin entender mucho, lo que no está mal (digamos). Pero hay que ver más lejos para comprender "the big picture".

De hecho, Canal 9 de Buenos Aires envió a periodistas para cubrir la noticia.

Era curioso escuchar ayer por la tarde a un periodista de ese canal diciendo que Chávez quiere "medios que rindan un culto absoluto al líder". Ante el ferviente deseo, el bolivariano bien podría pedir consejos a su par argentino, quien logró algunos medios de esas características, como éste, éste y -y acá viene la ironía- el canal que reporta desde Caracas los obscenos deseos presidenciales.

También se expresó en contra Reporteros Sin Fronteras, la organización con sede en Francia que en España tiene de corresponsal a una querida amiga nuestra.

Creo que, al menos para ordenar el debate, es necesario aclarar ciertos puntos de hecho para determinar qué bases actuaron como antecedentes de la medida de la administración venezolana.

1. En primer lugar, la legalidad de la medida no está en discusión, al menos en términos técnicos. El espacio radioeléctrico es un recurso escaso que el Estado administra. Las frecuencias no son "de nadie", o mejor dicho, son "de todos".

Hay una convención internacional que establece que el espacio radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad, cuya administración es competencia de los estados.

Esto significa que nadie tiene un derecho adquirido absoluto a continuar en el aire luego de que finalice la licencia. Este principio, lejos de restringir la libertad de expresión, la promueva ya que facilita el acceso de todos a los medios de comunicación, siempre y cuando su distribución arbitraria no sea utilizada como una forma de censura indirecta.

2. La cadena en cuestión apoyó el fallido Golpe de Estado de 2002.

3. La cadena en cuestión es una voz opositora al gobierno de Chávez.

4. Los medios "públicos" en Venezuela no son estatales, sino "gubernamentales" y funcionan como la voz oficial del régimen.

¿Cuál es la defensa que el canciller de Venezuela repite ante cada micrófono que se le presente adelante? Básicamente, el argumento de los medios comunitarios: sostiene que así promueve la "democratización" de los medios y del espacio radioeléctrico.

Sin embargo, ayer mismo el presidente prorrogó las licencias de otros canales, como Venevisión, del empresario Gustavo Cisneros, quien abandonó el discurso anti chavista. En vistas a lo que pasó con RCTV, parece que hizo bien (the mighty dollar).

Entonces, la defensa esgrimida por Venezuela se convierte en insostenible. Y esto es así porque la renovación o no renovación de una licencia se hace en el marco de una discrecionalidad absoluta que, penosamente, ya no llama la atención en este continente.

Si hubiera un marco legal adecuado, con distribución de licencias para distintos actores sociales, la finalización de una licencia implicaría un llamado a concurso / licitación en el que los contendientes deberían cumplir ciertos requisitos no relacionados con la "línea editorial" del medio en cuestión, ya que ello implicaría una injerencia indebida en el sistema comunicacional.

Habría una distribución adecuada del espacio radioeléctrico que permita coexistir a medios comunitarios (que son privados, pero sin fines de lucro), a medios privados con fines de lucro y a medios públicos (financiados por el Estado pero no "gubernamentales", como la BBC).

Pero eso no existe. Lo que hay es discrecionalidad y arbitrariedad, que se suman a una larga serie de actos en los que la "revolución" bolivariana mostró una tendencia a la semi perpetuidad en el poder de su presidente y a una concentración de poder inadmisible en una república.

Pero a no engañarse. La prórroga de la licitación no habría sido buena de por sí. Normalmente, estas prórrogas automáticas, sin debate, sin ordenamiento del espectro, sin marcos legales adecuados que eliminen la discrecionalidad, lo único que logran es convertise en un instrumento de presión y negociación con los dueños de medios.

Esos dueños que no dudan en mostrase convencidos de la bondad de la "revolución" cuando su lealtad es comprada con licencias y el mantenimiento de los fabulosos negocios de la radiodifusión. Aquí tuvimos el decreto 527/05, que prorrogó las licencias a los actuales dueños. Y tenemos la ley de radiodifusión de la dictadura.

Queda a criterios de ustedes determinar si (alguno de) los medios argentinos fueron "comprados" por el Gobierno con ese inestimable favor.

Lo cierto es que en estos casos, el verdadero problema no reside en los actos concretos de abusos como puede ser el caso de RCTV, sino en la matriz corrupta que permite que el ordenamiento del espacio radioeléctrico sea un mecanismos muy efectivo de presión.

La solución pasa por establecer mecanismos legales adecuados que impidan la discrecionalidad y la arbitrariedad, normas que ordenen el espectro radioeléctrico de modo de permitir la mayor cantidad de voces posibles, que respeten la coexistencia de distintos modos de gestión, la existencia de radiodifusión pública no gubernamental, el establecimiento de organismos independientes, etcétera.

AMARC tiene una postura que -en general y sin ser un experto- comparto (en otra oportunidad podremos apreciar el cisma que el caso de Venezuela generó en el movimiento de radios comunitarias).

En fin, en la Argentina, la solución es una nueva ley de radiodifusión. La actual lleva la firma de Videla.